Projet Accompagnement Solidarité Colombie

NO A LA EXPLORACION NI A LA EXPLOTACION-----Ni en el Bajo Atrato ni en el Catatumbo

2 Octobre 2007

DeVer 390

Un despertar de la sensibilidad colectiva parece despertar en sectores que
tradicionalmente aparecían ajenos a la crisis ambiental, a los intereses de
las multinacionales sobre los territorios y la vida de los colombianos. En
Cartagena y Santa Marta la discusión se ha hecho pública pues los intereses
de complejos hoteleros ven diezmados sus ganancias con la construcción de
obras de infraestructura para la salida al mar de la extracción de recursos
naturales. Pero al mismo tiempo, los excluidos, los sectores medios de la
población empiezan en medio de los intereses de los sectores del capital a
dar su opinión, a expresar su objeción a tanta expoliación.

Igualmente, en dos regiones, el Bajo Atrato y el Catatumbo, en donde el
gobierno actúa de modo claro a favor de los intereses transnacionales,
simulando el ejercicio del derecho a la consulta, militarizando y
judicializando a las organizaciones y comunidades indígenas, campesinas
mestizas y afrocolombianos se enfrentan al poder económico multinacional que
usa formalmente el Derecho de Consulta para imponer la extracción de los
recursos naturales. Aparición inusitada o mejor explícita de los intereses
del capital internacional en medio de la implementación de la política de
seguridad “democrática”, con su estela de legalización o
institucionalización paramilitar, la judicialización de los líderes
sociales, la reingeniería paramilitar, combinada con la configuración del
Estado Comunitario.

Hace menos de tres semanas en el Carmen del Darién, delegados de la Muriel
Mining Corp. presentaron un supuesto balance de las “consultas” realizadas
desde Marzo 2006. En realidad tres reuniones de recolección de información
empresarial sobre el pensar y el sentir comunitario indígena y
afrocolombiano para acomodar esas solicitudes a las técnicas de
consentimiento y de control social, en las que se oculta la verdad sobre la
destrucción ambiental, las afecciones sobre la vida colectiva.

Más allá de “las bellezas” con las que se presentó la explotación a cielo
abierto para la extracción de moligdeno, oro y cobre, la empresa con una
actitud candorosa explicó que en la etapa previa se harían solo 6
“huequitos”, uno por cada 25 hectáreas, con una profundidad de 300 a 600
metros y de 25 a 30 cm. Pequeña labor de año y medio, para comprobar si en
el Jiguamiandó existen minerales; hallazgo que no requiere mayor
investigación, pues es claro que existen informes científicos y técnicamente
elaborados que así lo corroboran, y que dejan en claro, que se causaría una
afección profunda sobre la identidad indígena.

La empresa indica que si se
encuentran minerales habría un proceso de consulta para la explotación y
esta empezaría en unos 5 años. Y agregan, que “la exploración no creará
ningún tipo de impacto” y el Ministerio del Interior será veedor del
proceso en el que se respetaran las tradiciones de las comunidades. Cómo
quién dice, si pero no, que en realidad es un Sí a la exploración y
explotación.

La objeción de la mayoría de las comunidades indígenas, en particular, los
que habitan el Resguardo de Coredocito y Uradá fue evidente. Ellos
expresaron que no estaban de acuerdo ni con la exploración ni la explotación
del Cerro.

Los habitantes de los resguardos indicaron que no han sido
consultadas todas las comunidades, ni afros ni mestizas, que sus lugares
sagrados van a ser afectados y su identidad cultural. Incluso, a pesar de
que se niegue que la exploración esté desligada de la militarización, es
claro que, la forma como se piensa asegurar la desterritorialización es con
las armas, mucho más en esta fase de la institucionalización paramilitar y
la reingeniería militar. La misma decisión de objeción y de negación a la
exploración fue expresada por las mujeres que estuvieron en la reunión.

Los
afrocolombianos que habitan en las Zonas Humanitarias y las Zonas de
Biodiversidad han objeto la iniciativa empresarial han afirmado un no
público, a pesar de que no han sido ni convocado ni consultados, pues, como
siempre, se usa de testaferros.

Los pueblos que habitan ancestralmente el Bajo Atrato están en altísimo
riesgo por la implementación de la Interconexión Eléctrica, la carretera
panamericana, el poliducto al pacífico, los agronegocios de palma, de
plátano y de banano, y la extracción maderera, estos tres últimos con
control paramilitar. La decisión de un no ante el proyecto del Cerro Cara de
Perro es una decisión por el bien no solo de las comunidades locales sino
para el bien de la humanidad, justo cuando el calentamiento global.

La misma postura han asumido las organizaciones de los pueblos indígenas,
mestizos que habitan en el Catatumbo respecto a la extracción carbonífera.
La región geoestratégica fronteriza con Venezuela, punto de interconexión de
infraestructura energética, de comunicación del comercio transnacional, la
extracción petrolera, gasifera y agreonegocios de palma y extensión
ganadera, recientemente se han pronunciado por la NO A LA EXPLORACIÓN Y
EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES POR PARTE DE LAS EMPRESAS
NACIONALES, MULTINACIONALES Y TRANSNACIONALES

La Asociación Comunidad Motilón Barí de Colombia, Asocbari; la Asociación
Campesina del Catatumbo, Ascamcat, el Comité de Integración Social del
Catatumbo, Cisca desde un ejercicio de la memoria han reconstruido el
sentido de la concesión que favoreció los intereses extranjeros en 1905, con
la que se posibilitó la ocupación y usurpación del territorio, el etnocidio
del pueblo Barí y por tanto han afirmado la protección ambiental. Las
organizaciones identifican claramente que a los intereses petroleros se
suman los de la extracción carbonífera, lo que explica la militarización
territorial Brigada 30, “Aguilas Negras” y las fases previas de operación
paramilitar de desalojo violento, desapariciones forzadas, y millares de
Crímenes de Lesa Humanidad. Los beneficiarios, los rostros ocultos que se
disfrazan de progreso son las empresas la Compañía Minera Río de Oro,
Compañía Minera La Esmeralda, Promexco, Sopromin, Carbo Fuels and Minerals,
Geofisin EU, Prominorte, y, Mora y Mora Multinversiones Mineras que
pretenden operan sobre 25.000 hectáreas de los municipios de Convención,
Teorema, Tibú y El Tarra y en zonas de Resguardo del Pueblo Barí. La
explotación es mucho mayor que la que se ha realizado en El Cerrejón en la
Guajira. Como en el bajo Atrato, no solo se trata de la extracción de los
recursos sino también de agronegocios como la palma africana, se pretende
pasar de 6000 hectáreas sembradas en palma a 20.000 hectáreas y de la
instalación de una planta extractora de aceite.

Despertar de sentidos colectivos, de sujetos históricos, quiénes a pesar de
la represión, de la destrucción de proyectos de vida, hoy continúan
erigiéndose como protectores de la vida no solo la suya sino la de la
humanidad, sometida a una crisis ambiental, expresión de las secuelas de la
idea de “progreso” en la que se ha fundado el terror de Estado, el terror
empresarial y los Estados sin derecho.

Bogotá, D.C. octubre 1 de 2007

COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ

Auteur: 
PASC

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