Projet Accompagnement Solidarité Colombie

Comunicado Diócesis de Magangue (Bolívar) por ejecución extrajudicial del líder ALEJANDRO URIBE

22 Septembre 2006

DeVer 295
Nuestra Comisión Intereclesial de Justicia y Paz reenvía el Comunicado de Monseñor
JORGE LEONARDO GOMEZ SERNA, obispo de la Diócesis de Magangue, departamento de
Bolívar, denunciando la ejecución extrajudicial del líder campesino ALEJANDRO URIBE,
el pasado 19 de septiembre en el municipio de Montecristo, por unidades militares
adscritas al Batallón Nueva Granada.

ALEJANDRO había participado el pasado 8 de septiembre Preaudiencia para el Tribunal
Permanente de los Pueblos sobre "Empresas trasnacionales y el sector minero", que se
realizará en el mes de noviembre.

Nuestra Comisión se suma a las solicitudes realizadas por esta diócesis al Gobierno
Nacional, exigiendo que este crimen sea esclarecido y juzgado por la justicia
ordinaria. Así como la exigencia del cese de apropiación de tierras por parte de
empresas trasnacionales como es el caso de la Multinacional KEDAHDA S.A. filial de
la ANGLO GOLD ASHANTI.

Bogotá, D.C. 25 de septiembre de 2006

COMISION INTERECLESIAL DE JUSTICIA Y PAZ

DIÓCESIS DE MAGANGUÉ

SUR DE BOLÍVAR - COLOMBIA

"Todo ser humano tiene derecho a la existencia, a la integridad física, a los medios
indispensables y suficientes para un nivel de vida digna" (Pacem in Terris, 11)

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL

El Obispo de la Diócesis de Magangué, Departamento de Bolívar - COLOMBIA, Monseñor
Jorge Leonardo Gómez Serna, unido a todo su clero, y a las comunidades parroquiales,
rechazan, lamentan y denuncian la muerte violenta del joven ALEJANDRO URIBE, líder y
Presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda Mina Gallo (Municipio de
Morales) y miembro de la Federación Agrominera del Sur de Bolívar - FEDEAGROMISBOL-
, ocurrida el 19 de septiembre de 2006, aproximadamente a las 14 horas en la vereda
Las Culebras, jurisdicción del Municipio de Montecristo, Departamento de Bolívar,
según versiones de la comunidad, por parte de soldados pertenecientes al Batallón
Nueva Granada al mando del Capitán Blanco, cumpliendo órdenes de Benjamín Palomino
Capitán Oficial de Operaciones de dicho Batallón.

El líder ALEJANDRO URIBE participó el 8 de septiembre de 2006 en la Asamblea de
Preaudiencia para el Tribunal Permanente de los Pueblos, que se realizará el 11 y 12
de noviembre del presente año en la ciudad de Medellín. En ese evento participaron
la Defensoría del Pueblo y Organizaciones de Derechos Humanos. Allí se trató el tema
Medio Ambiente y las Multinacionales, y se expusieron públicamente los abusos de las
Fuerzas Militares de Colombia en contra de la población civil, con el propósito de
posibilitar la entrada a la región de la Multinacional KEDAHDA S.A. filial de la
ANGLO GOLD ASHANTI.

La muerte del líder mencionado se suma a una preocupante cadena de atentados,
bloqueos, amenazas y otros asesinatos que según versiones de los habitantes de la
zona lamentablemente están siendo cometidos por miembros del Batallón Nueva Granada,
del Ejército de Colombia.

Estos hechos han llevado al desplazamiento forzoso de todo el sector minero que ha
llegado a la fecha al sitio conocido como La Ye, jurisdicción del Municipio de Santa
Rosa del Sur, Departamento de Bolívar. Esto se repite constantemente, sin que las
autoridades hayan logrado investigar, esclarecer y socializar la verdad, por lo
cual crece la desconfianza de los mineros y campesinos en la política de
seguridad democrática, pues son preocupantes las ejecuciones extrajudiciales,
torturas y trato cruel e inhumano a los ciudadanos que se están presentando desde
que está haciendo presencia el Ejército Nacional en la zona, lo que se opone al
respeto y garantía de los derechos humanos de la población civil que es
responsabilidad del Estado.

Como Pastores y comunidades parroquiales solicitamos:

Al Gobierno Nacional:

1. Que los hechos mencionados, en especial el asesinato del líder comunitario
Alejandro Uribe, sean investigados seriamente por la justicia ordinaria, el
Ministerio Público y la Fiscalía, por considerar que es una violación al derecho a
la vida como don sagrado y al derecho a la organización, autonomía y convivencia
pacífica de las comunidades.

2. Reconsiderar la política de explotación irracional de los recursos
naturales de la región del Sur de Bolívar y contener la presión de compra masiva de
tierras de los campesinos por empresarios, políticos y extranjeros con claros
intereses económicos que están ocasionando desplazamientos, desarraigo,
desintegración familiar y comunitaria y temor en la población.

3. Asumir una postura ética y política frente a la inequitativa tenencia de la
tierra en la región, desarrollar un proyecto piloto de reforma agraria y
resarcimiento de derechos de la población desplazada que perdió el derecho a la
posesión y a la propiedad de sus tierras en el Sur de Bolívar.

4. Crear las condiciones necesarias para retomar la salida política a la
solución de los conflictos en el Sur de Bolívar. La creación de políticas públicas
que favorezcan la paz y la viabilidad de los derechos humanos, como también
constituir un equipo regional de paz que facilite y acelere los consensos entre el
gobierno y los grupos insurgentes y la sociedad civil, como camino hacia la
construcción de la paz, que paren las cuotas de muerte que aportan los campesinos
y mineros de esta región quienes mantienen la esperanza que en el segundo mandato
que comienza el presidente Uribe tenga cabida la paz, como lo han manifestado
reiteradamente en los consejos comunales.

A los Actores Armados:

1.. Solicitamos el respeto a la vida e integridad de las personas y comunidades.
2.. La garantía del cumplimiento de las normas del derecho internacional
humanitario.
3.. El respeto a los procesos de paz y a los espacios humanitarios que como
Diócesis hemos construido y fortalecido permanentemente con las comunidades.

A las Empresas Multinacionales:

1.. Deponer la expropiación de las tierras a los campesinos que los desplazan y
someten a la inseguridad, a la manipulación y a la incertidumbre.
2.. Actuar con responsabilidad ética y social en la explotación de los recursos
naturales.

A la Comunidad Internacional:

1. Realizar de inmediato una visita de verificación humanitaria a la zona.

2. Apoyar y acompañar en la observancia del cumplimiento del Derecho
Internacional Humanitario y los Derechos Humanos en el Sur de Bolívar.

3. Establecer a partir de la situación estrategias de cabildeo e incidencia con
los actores involucrados en estos hechos.

Magangué, Septiembre 22 de 2006

Auteur: 
PASC

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