Projet Accompagnement Solidarité Colombie

La realidad del sindicalismo en Colombia

8 Julio 2007

Informe de Amnistia Internacional

casos SINALTRAINAL, FedeAgromisbol Y ARAUCA entre otros

Estudios de caso

A continuación figuran algunos de los casos analizados en el informe de Amnistía Internacional «Homicidios, detenciones arbitrarias y amenazas de muerte: la realidad del sindicalismo en Colombia» (Índice AI: AMR 23/001/2007).

- Javier Correa, Luis García, Domingo Flores y Nelson Pérez - SINALTRAINAL

En los últimos años, el sindicato de los trabajadores de la industria alimentaria, SINALTRAINAL, se ha visto envuelto en conflictos laborales, a menudo con grandes empresas multinacionales. Con frecuencia se han cometido violaciones de derechos humanos coincidiendo con periodos de conflicto laboral.

El 10 de febrero de 2007, deslizaron por debajo de la puerta de las oficinas de la Asociación de Trabajadores Departamentales (ASTDEMP) en Bucaramanga, departamento de Santander, en el centro de Colombia, una nota con amenazas de muerte de los paramilitares contra los miembros de SINALTRAINAL. La nota nombraba a varios activistas del sindicato (Javier Correa, Luis García, Domingo Flores y Nelson Pérez) y los acusaba de ser "terroristas sindicales de CocaCola", advirtiéndoles que acabaran con la "bulla a la empresa CocaCola [;] ya es suficiente el daño causado" pues, de no hacerlo, se convertirían en objetivos militares del grupo paramilitar Águilas Negras. La nota estaba escrita en una hoja de papel encabezada por el texto "AUC Aguilas Negras" (AUC o Autodefensas Unidas de Colombia, organización paramilitar a la que pertenecen la mayoría de los grupos paramilitares), y se suponía que procedía del "Frente Águilas Negras Lebrija".

En una carta que Coca Cola Company envió a Amnistía Internacional con fecha 7 de junio de 2007, la empresa explicaba que se había comunicado con las autoridades colombianas en varias ocasiones en relación con las amenazas dirigidas contra los activistas de SINALTRAINAL, y que les había pedido que llevaran a cabo una investigación de los hechos que garantizara la seguridad de los sindicalistas amenazados.

Amnistía Internacional desconoce si se ha producido algún avance significativo en la investigación de este caso.

- Luciano Enrique Romero Molina – SINALTRAINAL

El 11 de septiembre de 2005 se encontró el cadáver de Luciano Enrique Romero Molina, maniatado y con más de 40 puñaladas, en la finca Las Palmeras del barrio de La Nevada de Valledupar, en el noreste de Colombia. Se cree que esta zona está bajo control paramilitar, a pesar de que los paramilitares que actuaban en la región se sometieron, se supone, a un proceso de desmovilización entre diciembre de 2004 y marzo de 2006.

Luciano Romero había sido dirigente de la sección de Cesar de SINALTRAINAL, así como de la organización de derechos humanos Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP). El 28 de febrero de 2002, SINALTRAINAL había presentado a la empresa Nestlé-CICOLAC una serie de peticiones de mejora de las condiciones de trabajo.

Al no ser atendidas estas reivindicaciones, el 12 de julio el sindicato declaró una huelga. A raíz de ésta aumentaron las amenazas de muerte de los paramilitares contra dirigentes de SINALTRAINAL. En octubre de 2002, Luciano Romero y varios compañeros suyos fueron despedidos de su trabajo en la fábrica de Nestlé-CICOLAC de Valledupar. Según informes, Luciano Romero recibió amenazas de grupos paramilitares y se vio obligado a abandonar su hogar. Al final se tuvo que ir también del país, y no regresó hasta abril de 2005.

Luciano Romero tenía que haber viajado a Suiza para asistir a una reunión del 29 al 30 de octubre de 2005 en calidad de testigo de amenazas de muerte contra representantes sindicales de los trabajadores de las fábricas de Nestlé en Colombia.

Nestlé-CICOLAC informó a Amnistía Internacional de que había pedido que se investigara el homicidio de Luciano Romero.

Amnistía Internacional desconoce si se ha producido algún avance significativo en la investigación de este caso.

- Alejandro Uribe - FEDEAGROMISBOL

El 19 de septiembre de 2006, miembros del Batallón Antiaéreo Nueva Granada del ejército mataron, según informes, a Alejandro Uribe Chacón cuando regresaba a Mina Gallo, municipio de Morales, departamento de Bolívar.

Alejandro Uribe era dirigente de la Asociación de Mineros del Bolívar y presidente de la Junta de Acción Comunal de la comunidad de Mina Gallo. La Asociación de Mineros del Bolívar está vinculada a la Federación Agrominera del Sur de Bolívar (FEDEAGROMISBOL).

Unos testigos informaron de que habían visto a los soldados llevar su cadáver en dirección a una base militar de San Luquitas, municipio de Santa Rosa. Según informes, el 20 de septiembre, el ejército presentó el cadáver de Alejandro Uribe a las autoridades judiciales indicando que era el de un guerrillero muerto en combate. De acuerdo con los informes, diversos testigos han manifestado que, en el último año, miembros del Batallón Antiaéreo Nueva Granada han amenazado con matar a dirigentes de FEDEAGROMISBOL. Asimismo, los informes indican que los soldados han dicho a los habitantes de la zona que sus operaciones tienen por objeto garantizar la presencia de los intereses de empresas mineras internacionales en la zona, donde tiene intereses la empresa aurífera internacional Anglo Gold Ashanti (Kedahda S.A.). Alejandro Uribe y otros mineros locales se habían opuesto a la llegada de esta empresa a la zona.

Anglo Gold Ashanti escribió a AI el 5 de junio de 2007 afirmando que no podía hacer comentarios sobre "las intenciones de las fuerzas armadas colombianas en relación con su presencia en el departamento de Bolívar". Refiriéndose a los Principios Voluntarios sobre Seguridad y Derechos Humanos, la empresa informaba a AI de que Anglo Gold Ashanti estaba "desarrollando [sus] sistemas internos para garantizar que los Principios se llevan a la práctica en toda la organización".

Amnistía Internacional desconoce si se ha producido algún avance significativo en la investigación de este caso.

- Rodolfo Vecino Acevedo - Unión Sindical Obrera de la Industria del Petróleo (USO)

El 25 de noviembre de 2006, unos hombres armados que circulaban en dos motocicletas dispararon contra el automóvil blindado, asignado por la empresa pública petrolera ECOPETROL al dirigente de la USO Rodolfo Vecino en la carretera de Barranquilla, departamento de Atlántico, a Cartagena, departamento de Bolívar. Rodolfo Vecino no estaba en el vehículo en ese momento pero su esposa, Martha Cecilia Marrugo Ahumada, así como un conocido suyo, Edward Martínez Martínez, y su guardaespaldas, Álvaro Marrugo, que viajaban en el automóvil, consiguieron escapar ilesos.

Tres días después, la USO recibió una amenaza de muerte por correo electrónico, en la que el Bloque Norte de las AUC se atribuía la responsabilidad del atentado contra la vida de Rodolfo Vecino y anunciaba su intención de matar a activistas estudiantiles y de la USO en el norte del país. En la amenaza de muerte se daba a los dirigentes de la USO y a los activistas estudiantiles de la Universidad de Cartagena 20 días de plazo para abandonar la región:

"… NUESTRO PODERIO MILITAR Y DE INTELIGENDIA PESE A NUESTRA DESMOLVILIZACION SIGUE VIGENTE POR ESO QUEREMOS QUE SE CUMPLA LO SIGUIENTE SINDICALISTAS HP DE LA USO LIDERES HP DE LA U DE CARTAGENA Y LOS QUE SE CAMUFLAN EN UNIVERSIDADES PRIVADAS TIENEN 20 DIAS PARA SALIR DE SUS CIUDADES … SI NO ACATAN … ATENGANCE A LAS CONCECUENCIAS LO SABEMOS TODO Y EVITENCEN PROBLEMAS."

En los últimos años, Rodolfo Vecino ha recibido otras amenazas.

En julio de 2005, fue amenazado por el Frente Urbano, grupo integrado en las AUC. En una declaración escrita, los paramilitares les amenazaron, a él y a su familia, a fin de que abandonara su trabajo sindical.

Según información de los medios de comunicación, en mayo de 2006, un desconocido se acercó a Rodolfo Vecino durante una reunión a la que asistía en Barranquilla y le comunicó que había un plan, coordinado por los paramilitares, las fuerzas de seguridad e intereses empresariales, para matarlo a él y a otros dos miembros de la USO.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de los Estados Americanos (OEA) ha pedido a las autoridades colombianas que tomen medidas para garantizar la seguridad de Rodolfo Vecino Acevedo y su familia.

Amnistía Internacional desconoce si se ha producido algún avance significativo en la investigación de este caso.

- Miguel Ángel Bobadilla - FENSUAGRO

El 11 de mayo de 2006, miembros de los Grupos de Acción Unificada por la Libertad Personal (GAULA), unidad de las fuerzas de seguridad establecida para combatir los secuestros, entraron en casa de Miguel Ángel Bobadilla y su pareja, Nieves Mayusa, en Bogotá, y se llevaron a ambos detenidos. Según informes, durante la operación las fuerzas de seguridad intentaron obligar al hijo mayor de la pareja a decir que su padre y su madre eran guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). Miguel Ángel Bobadilla es dirigente de la Federación Nacional Sindical Unitaria Agropecuaria (FENSUAGRO). De acuerdo con la información disponible, su nombre aparece, junto con los de otros dirigentes nacionales de FENSUAGRO, en la lista negra proporcionada a los paramilitares por el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).

Según los informes, el 15 de marzo de 2006, dos desconocidos siguieron a Miguel Ángel Bobadilla a la salida de su oficina, en Bogotá. Además, su oficina estuvo sometida a constante vigilancia por desconocidos. Según informes, antes de su detención, dos individuos que afirmaron ser agentes de la policía judicial habían ido a su casa exigiendo que les indicaran su paradero. La Fiscalía General de la Nación ha negado haber enviado a agentes suyos.

Nieves Mayusa es también miembro de FENSUAGRO y pertenece a una familia estrechamente vinculada al Partido Comunista de Colombia y a la Unión Patriótica (UP). Desde que se fundó ésta, en 1985, más de 3.000 de sus miembros han sido víctimas de homicidio o sometidos a desaparición forzada, la gran mayoría de ellos a manos de las fuerzas de seguridad y los paramilitares.

Se ha dicho en televisión que Miguel Ángel Bobadilla es miembro de las FARC, implicado en secuestros, y que ha utilizado teléfonos proporcionados por el programa de protección del gobierno para coordinar estas operaciones.

Según informes, poco después de la detención de la pareja, las fuerzas de seguridad detuvieron también a dos hermanas de Nieves Mayusa: Carmen Mayusa, dirigente de la Asociación Nacional de Trabajadores y Empleados de Hospitales, Clínicas, Consultorios y Entidades Dedicadas a Procurar la Salud de la Comunidad (ANTHOC), y Janeth Mayusa, activista de FENSUAGRO. El nombre de Carmen Mayusa apareció posteriormente en una nota de los paramilitares con amenazas de muerte contra ANTHOC. De acuerdo con la última información recibida, todas estas personas continúan detenidas.

- César Augusto Fonseca Morales, José Rafael Fonseca Cassiani, y José Ramón Fonseca Cassiani Morales -- SINTRAGRICOLAS

El 2 de septiembre de 2003, tres miembros del Sindicato de Trabajadores Agrícolas del Atlántico (SINTRAGRICOLAS) –que está afiliado a FENSUAGRO–, César Augusto Fonseca Morales, José Rafael Fonseca Cassiani y José Ramón Fonseca Cassiani Morales, murieron, según informes, a manos de paramilitares en el municipio de Ponedera, departamento de Atlántico. Sus cadáveres aparecieron, descuartizados, al día siguiente. Según informes, el presidente en funciones de SINTRAGRICOLAS, Víctor Jiménez Fruto, fue secuestrado el 22 de octubre de 2002 en el municipio de Ponedera, y posteriormente sometido a desaparición forzada. El 24 de julio de 2002 había presentado una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por las reiteradas amenazas de muerte que había recibido. Su predecesor, Saúl Colpas Castro, murió abatido a disparos delante de su familia el 13 de julio de 2001 en la zona de Puerto Giraldo del municipio de Ponedera.

El 17 de mayo de 2005, dos individuos montados en una motocicleta y que eran, al parecer, paramilitares mataron al miembro de SINTRAGRICOLAS José María Maldonado en el municipio de Ponedera. Según informes, 15 días antes había sobrevivido a otro atentado contra su vida. Según informes, todos los miembros de SINTRAGRICOLAS mencionados anteriormente figuraban en la lista del DAS.

Amnistía Internacional desconoce si se ha producido algún avance significativo en la investigación de este caso.


Homicidios, detenciones arbitrarias y amenazas de muerte:

la realidad del sindicalismo en Colombia

Resumen

http://web.amnesty.org/library/Index/ESLAMR230012007

En los últimos dos decenios, en Colombia han muerto por homicidio más de 2.000 sindicalistas y han sido sometidos a desaparición forzada más de 138. En más del 90 por ciento de los casos, los responsables no han sido puestos a disposición judicial. Aunque en los últimos años se ha reducido el número de homicidios de sindicalistas, Amnistía Internacional considera que la crisis de derechos humanos a que se enfrentan las personas que desarrollan actividades sindicales sigue siendo grave. Las autoridades colombianas han tomado algunas medidas para mejorar su seguridad; no obstante, es preciso emprender acciones más decisivas para garantizar que se respeta el derecho a la libertad sindical en la legislación y en la práctica.

A pesar de la supuesta desmovilización de los grupos paramilitares respaldados por el ejército, paramilitares aparentemente desmovilizados continúan matando y amenazando a sindicalistas. Las fuerzas de seguridad también han sido responsables directamente de homicidios de sindicalistas, así como de instigar procesos penales arbitrarios contra sindicalistas. Amnistía Internacional considera que sigue aplicándose una estrategia militar-paramilitar coordinada, que tiene por objeto menoscabar el trabajo de estas personas, tanto por medio de su eliminación física, como intentando desacreditar la legitimidad de las actividades sindicales. La guerrilla también ha sido responsable de homicidios de sindicalistas.

No siempre es posible determinar la motivación subyacente a las amenazas de muerte y homicidios cometidos contra sindicalistas. En el contexto del largo conflicto armado interno de Colombia, a menudo se ha convertido a sindicalistas en objeto de abusos contra los derechos humanos debido a su filiación política o a otros factores ajenos a sus actividades sindicales. Sin embargo, existe una constante de abusos contra los derechos humanos de sindicalistas cometidos en el contexto de conflictos laborales, lo que indica que se ataca a sindicalistas debido precisamente a su trabajo como tales.

Amnistía Internacional considera que la comunidad internacional tiene una importante función que desempeñar en los esfuerzos por garantizar el derecho a la libertad sindical en Colombia. El hecho de que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) decidiera en 2006 establecer una presencia permanente en Colombia a fin de mantener bajo observación el derecho a la libertad sindical constituye una excelente oportunidad para que la comunidad internacional vigile atentamente la crisis de derechos humanos a que se enfrentan las personas que desarrollan actividades sindicales y pida a las autoridades colombianas que tomen medias decisivas para garantizar su seguridad.

Este texto resume el documento titulado Colombia - Homicidios, detenciones arbitrarias y amenazas de muerte: la realidad del sindicalismo en Colombia (Índice AI: AMR 23/001/2007), publicado por Amnistía Internacional en julio de 2007.

Autor: 
Amnistia Internacional

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