Projet Accompagnement Solidarité Colombie

Especial "CRIMENES DE ESTADO" : Sintesis de lo que se ha escrito sobre Ejecuciones Extrajudiciales en Colombia

30 Marzo 2009

CONTEXTO
Durante los dos mandatos presidenciales de Álvaro Uribe Vélez y en aplicación de la política de “seguridad democrática” han venido aumentado los registros de las ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Fuerza pública, según informes de las Plataformas de derechos humanos y paz, por los menos 1.122 personas han sido asesinadas en total estado de indefensión, las cuales son presentadas como “bajas dadas en combate”.

Desde el 7 de agosto del 2002 hasta el 2007 el Movimiento de victimas de crímenes de Estado (MOVICE) lleva 955 ejecuciones extrajudiciales documentadas. Siempre ha habido ataques por parte del Gobierno Nacional, incluso por parte del Presidente, diciendo que salian a encubrir a los guerrilleros muertos en combate dándoles el tinte de campesinos. Pero a finales del año pasado se destapa cómo venían implementándose estrategias para ejecutar extrajudicialmente a personas y presentarlas como muertos en combate.

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El lunes 29 de septiembre del 2008, estallo en Colombia el escandalo de los 11 jóvenes desaparecidos en Soacha a principios del año y cuyos cadáveres, presentados en su momento por el Ejército como muertos en combate, fueron encontrados posteriormente en Ocaña y Cimitarra.

El 2 de noviembre de 2008, se conoció que la Procuraduría General de la Nación tiene 1.019 investigaciones sobre ejecuciones extrajudiciales en curso en todo el país. “... Antioquia, con un 36 por ciento; Caquetá, con el siete, y Norte de Santander con el cinco son las zonas con el mayor número de denuncias. Les siguen Meta, Putumayo, Tolima, Casanare, Guajira y Arauca. En total, el organismo de control investiga en este momento la responsabilidad de 2.300 efectivos del Ejército en por lo menos dos mil muertes reportadas inicialmente como consecuencia de combates pero en circunstancias aún no aclaradas. De acuerdo a lo establecido por el Ministerio Público, las víctimas desaparecieron camino a su trabajo, retenidas en un retén militar o sacadas de manera violenta de un lugar determinado y 24 o 72 horas después aparecían muertas empuñando un arma y rotuladas por el Ejército como guerrilleros o paramilitares.

Al revisar los casos, la Procuraduría delegada para los derechos humanos, encontró que la mayoría de las personas asesinadas eran sindicalistas, líderes comunales o desmovilizados que vivían en zonas rurales, pero el caso de los desparecidos de Soacha y de otras ciudades del país permitió establecer que también había jóvenes desempleados o personas con antecedentes judiciales y residentes en zonas urbanas deprimidas entre las víctimas

Liliana Uribe, de la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos (CCEEU), señaló que además de que existe una práctica generalizada y sistemática para cometer ejecuciones extrajudiciales en todo el país, la impunidad también es grave y sistemática. Así, la CCEEU ha recogido casos en al menos 23 departamentos del país -en los que se repiten los mismos patrones con un total de 1477 víctimas de desapariciones forzadas, muchas de las cuales han sido reportadas como personas abatidas en combate. Por otro lado, sólo en la Unidad Nacional de DDHH hay 716 investigaciones con 1171 víctimas. Sólo en 32 casos ha habido la fiscalía se ha pronunciado para que los procesos avancen, para que pueda haber juicio. La impunidad en las fiscalías seccionales es mucho más alta. Además, no hay investigaciones acerca de las responsabilidades del más alto nivel añadió.

El 4 de noviembre de 2008, en Bogotá, el General Mario Montoya Uribe presentó su renuncia como comandante del Ejército luego de conocerse los escándalos por la muerte de centenares de civiles que miembros del Ejército presentaron como ilegales muertos en combate.

PATRONES DE OPERACION

En octubre de 2007, la Misión Internacional de Observación de Alemania, España, Estados Unidos, Francia y Reino Unido revisó las ejecuciones extrajudiciales registradas hasta el momento en el país y descubrió que todas obedecían a un mismo patrón, el que se repitió en el caso de los jóvenes de Soacha:

1. En la mayoría de los casos, los jóvenes son capturados en forma ilegal en su casa o en el lugar de trabajo y conducidos al lugar de la ejecución.

2. En muchas ocasiones los cuerpos son trasladados a municipios lejanos del lugar de la ejecución.

3. La Fuerza Pública los reporta como dados de baja en combate.

4. Las víctimas aparecen muchas veces con uniformes y con armas.

Así mismo, la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas en su último informe señalo su preocupación por “la persistencia de ejecuciones extrajudiciales atribuidas a miembros de la fuerza pública, fundamentalmente del ejército”, igualmente que “algunas características comunes a los casos denunciados son presentar a las víctimas como muertos en combate, alterar la escena de los hechos antes del levantamiento del cadáver y en la mayoría de las ocasiones hacer que la justicia penal militar asuma las investigaciones. Las investigaciones adelantadas por las autoridades sobre algunos de estos casos revelan que podrían estar motivados por la presión de resultados y el interés de algunos miembros de la fuerza pública de obtener a partir de dichos resultados una serie de beneficios y reconocimientos”.

Por otro lado las organizaciones de DDHH dicen que las estrategias de la Fuerza Publica han cambiado a lo largo de la administración del gobierno de Uribe. Una vez que los defensores de DDHH han logrado develar algunas de las modalidades, han pasado a otras. Empezó con las detenciones arbitrarias y masivas, que llegaron a afectar a más de 8.000 personas en los primeros tres años de gobierno de Álvaro Uribe, y se demostró que más del 80% de ellas eran ilegales y la justicia colombiana los absolvió. Después paso a una estrategia basada en las detenciones selectivas, en las persecuciones judiciales. Cuando se revelo la estrategia de las ejecuciones extrajudiciales a campesinos que viven en zonas de interés geoestratégico y económico del estado y las trasnacionales, el Estado pasó a la estrategia de secuestrar a jóvenes de escasos recursos o indigentes y luego presentarlos como muertos en combate. A partir de estas denuncias, las organizaciones de DDHH han notado que se presentan casos de desaparición forzada que no son presentados como bajas en combate, pero que se dan en zonas en donde hay control militar absoluto.

TESTIMONIOS CLAVES


Mancuso reveló importantes detalles sobre falsos positivos

El 18 de noviembre de 2008, en una sala de la Corte Federal de Washington, el ex jefe paramilitar Salvatore Mancuso relató algunos hechos y mencionó con nombre y/o apellido a nueve oficiales de las Fuerzas Armadas que, según él, facilitaron, auspiciaron o participaron directamente en masacres cometidas en desarrollo de la "guerra antisubversiva". Entre los nombrados se encuentran: el general Iván Ramírez, comandante de la Primera División del Ejército; coronel Barrero, comandante del Batallón Junín adscrito a la XI Brigada; mayor Sanabria, oficial de Inteligencia de esta unidad; coronel Enciso, comandante de la Policía de Sucre; mayor Parra, comandante de la Sijín en Sucre; coronel Díaz Granados; coronel Matamoros y capitán Chamorro, adscritos al Grupo Mecanizado Maza, y coronel Pedreros, comandante de la Policía en Santander.

Uno de los hechos más dramáticos que reveló Mancuso, de la forma como operó la alianza entre paramilitares y miembros de la Fuerza Pública, fue la masacre de Pichilín, en la que murieron 12 personas, ocurrida el 4 de diciembre de 1996, en Sucre. Según el ex jefe paramilitar, esta masacre fue planeada con el coronel Enciso, comandante de la Policía del departamento.

Además durante la audiencia, Mancuso confirmó que cuando Jorge Noguera fue director del DAS, el organismo se convirtió en la principal fuente de inteligencia para los paramilitares. "Voy a ser sincero dijo. Nosotros hacíamos el trabajo sucio que el DAS y la Fuerza Pública no podían hacer". Y aseguró que varios asesinatos de profesores y estudiantes de la Universidad de Córdoba fueron cometidos después de que el DAS definiera los blancos.

Desmovilizado cuenta como fue el reclutamiento de por lo menos siete jóvenes que luego aparecían como muertos en combate

El 2 de noviembre de 2008, tras las declaraciones de un desmovilizado de las AUC, se pudo establecer que en algunas regiones como Sahagún (Córdoba) los jóvenes eran reclutados por parte del ex paramilitar que era contactado por soldados de la Infantería de Marina y la Brigada 11 del Ejército Nacional. El ex paramilitar convencía a los jóvenes ofreciéndoles trabajo en fincas de Sincelejo, Sincé, Betulia y Ovejas (Sucre), se los entregaba a los militares y luego aparecían como muertos en combate.

Ex sargento, testigo clave en casos sobre ejecuciones extrajudiciales da a conocer detalles de cómo se planean los asesinatos

El 16 de octubre de 2008, se conoció que el sargento Alexander Rodríguez Sánchez, quien hizo parte de las unidades de contraguerrilla de la Brigada Móvil 15 del Ejército, es considerado como uno de los principales testigos de cargo dentro de la investigación de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía sobre posibles ejecuciones extrajudiciales cometidas por miembros del Ejército en la zona de Ocaña. En mayo de 2008, ante la fiscal 42 especializada hizo las siguientes afirmaciones:
“La costumbre de matar personas inocentes y presentarlas como subversivos, fue impuesta por el entonces comandante de esa unidad, coronel Santiago Herrera. Para justificar las muertes, el oficial conseguía que el B2 (servicio de Inteligencia) abriera carpetas con observaciones sobre supuestos antecedentes de las víctimas. Para eludir responsabilidades, el coronel grababa luego radiogramas en los que simulaba instruir a sus tropas para que se abstuvieran de usar sus armas contra la población civil y para observar rigurosamente el protocolo de procedimiento en todas sus operaciones"


Testigo campesino de 22 años, quien fue victima directa de un intento de ejecución extrajudicial por parte del Ejercito

Willamir Rodríguez Figueroa, un campesino analfabeta de 22 años, cuenta que el 6 de octubre de 2007 salió de su vereda, cuando unos soldados lo detuvieron con el argumento de que por no tener los papeles en regla, sería reclutado. Después de hacerlo caminar por varias horas y casi a la medianoche, cuenta que "me esposaron a un palo de cacao y me amarraron con una pita...". "Al rato sentí fue un disparo… caí en el pastal boca abajo y yo me hice el muerto (...) Después llegaron los soldados y me colocaron una pistola al lado de la cabeza".
Willamir cuenta como logró escaparse y correr hasta que encontró refugio en la casa de un campesino que le ayudó a llegar al hospital de El Tarra. Allí fue detenido por las autoridades. Después de permanecer dos meses en el hospital, está en la cárcel, acusado de rebelión, y en su contra han declarado dos testigos aportados por el Ejército. Es hoy en día, otro de los mas de 7500 presos políticos privados de su libertad en las cárceles colombianas.

¿JUSTICIA?

El 6 de marzo del 2009, día en que se realizaba en Bogotá el “Encuentro de familiares de victimas de ejecuciones extrajudiciales” y una marcha para denunciar estos crímenes de Estado y pedir justicia, el Ministro de Defensa salió a decir ante los medios de comunicación que “el problema de los falsos positivos ya se acabó”. El problema no se ha acabado porque no hay verdad, ni justicia, ni reparación, ni garantía de no repetición. Cuando se junten estos cuatro factores, podrán decir las víctimas y no los victimarios, que el problema se acabó.

Coincidiendo el estallido del escándalo con la visita a Colombia de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos a finales de octubre del 2008, el Gobierno colombiano revocó el nombramiento a 27 militares y posteriormente a diez más. Eso es solamente un paso mínimo. Ahora la Fiscalía debe decirle a las familias de las victimas y a la sociedad si estos 37 militares están vinculados a alguna investigación y, si es así, en qué estado está esa investigación. Si esos procesos no se están dando, la solicitud es que se abran las investigaciones. Porque lo que viene ocurriendo en Colombia es que muchos de estos casos están siendo investigados por la justicia penal militar. Debe ser un órgano civil el que investigue estos hechos porque la Justicia Penal Militar está constituida para juzgar fallas en el servicio, y no podemos considerar las ejecuciones extrajudiciales como fallas en el servicio. Además se le esta solicitando a la Fiscalía que cree una unidad especial que dependa de la de DDHH para tomar todas estas investigaciones. Porque muchos de los casos que lleva la Fiscalía se llevan en municipios en donde no hay condiciones de imparcialidad con los fiscales.

“MANZANAS PODRIDAS” O “CRIMENES DE ESTADO” ?

Como lo han declarado las organizaciones de defensa de los DDHH y las familias de las victimas agrupadas en el MOVICE, las ejecuciones extrajudiciales responden a una política que tiene unos objetivos claros, son “crimenes de lesa humanidad” y no un error en el servicio. El Gobierno no quiere aceptar que existan crímenes de Estado, sino solamente crímenes cometidos por agentes estatales, lo que cambia totalmente el asunto porque los hace aparecer como actos aislados y no como actos sistemáticos y planeados. Sin embargo, varios hechos y pruebas nos hacen pensar con seguridad que las ejecuciones extrajudiciales no son simplemente el resultado de agentes corruptos dentro de las Fuerzas Armadas colombianas sino que responden realmente a una política de Estado.

Primero la magnitud del fenómeno que se extendió a por le menos 23 departamentos del país - en los que se repiten los mismos patrones de actuación- con un total de 1477 víctimas registradas hasta el momento por la CCEEU, deja ver que se esta desarrollando una política a nivel nacional.

Lo que ha contado y lo que le paso al ex sargento Alexander Rodríguez deja serias dudas sobre la existencia de une Estado de derecho en Colombia y demuestra claramente que la practica de las ejecuciones extrajudiciales fue una practica avalada y promovida por los mas altos mandos militares como política de la institución, anulando de por si la tesis según las cual solo se trato de “manzanas podridas” dentro del Ejercito.

En diciembre de 2007, Rodriguez denunció ante la Procuraduría y ante las propias Fuerzas Militares, que en su paso por la Brigada Móvil XV que opera en Ocaña, Norte de Santander, fue testigo de cómo se encubrían homicidios de civiles para presentarlos como bajas en combate. Y apenas tres días después, paradójicamente, el denunciante resultó castigado: una junta de generales encabezada por el comandante del Ejército, Mario Montoya, decidió retirarlo del servicio activo; mientras que el coronel Santiago Herrera, que comandaba la Brigada donde ocurrieron los hechos denunciados por el sargento, fue trasladado a Bogotá para asumir como oficial ayudante del propio Montoya.

¿Uno se pregunta entonces, si las ejecuciones no son una política de Estado, porque el Coronel Santiago Herrera, quien estuvo al frente de la Brigada Móvil XV durante 2006 y 2007, una de las unidades militares con más denuncias por posibles ejecuciones extrajudiciales, fue en diciembre de 2007 recompensado ascendiendo al puesto de ayudante del entonces proprio comandante en jefe del Ejercito colombiano, el General Montoya? ¿Y porque el que denuncia las violaciones de DDHH y atrocidades cometidas por el Ejercito contra civiles indefensos resulta castigado por una junta de Generales encabezada por el Comandante del Ejército, Mario Montoya, que toman la decisión de retirarlo de la institución de manera discrecional? Respuesta evidente… Sencillamente porque era una política de Estado, por eso el Comandante en jefe del Ejercito defiende y recompensa a quienes la ejecutan y castiga a quienes la denuncian porque sabe que debe quedar encubierta.

Pasa lo mismo con la estrategia paramilitar que fue y es todavía una estrategia encubierta del Estado como lo deja bastante claro Salvatore Mancuso, uno de los mas importantes jefes paramilitares que ha conocido el país en sus ultimas declaraciones desde Washington. Cuando Mancuso afirma que altos mandos de las Fuerzas militares “facilitaron, auspiciaron o participaron directamente en masacres cometidas en desarrollo de la "guerra antisubversiva" y cuando dice del Departamento Administrativo de Seguridad – DAS (servicio de inteligencia colombiano) que “el organismo se convirtió en la principal fuente de inteligencia para los paramilitares” deja claro a todo el que escucha y tiene la voluntad real de entender lo que paso en Colombia que detrás de los paramilitares había una política de Estado. Y cuando Mancuso declara "Voy a ser sincero. Nosotros hacíamos el trabajo sucio que el DAS y la Fuerza Pública no podían hacer", pues no hay mucho que agregar…

Lo que en realidad encontramos es que los crímenes hechos por los paramilitares antes de su aparente “desmovilización”, han empezado a hacerlos otra vez los mismos militares. Por eso aumentaron bastante el numero de las “ejecuciones extrajudiciales” realizadas por parte de la Fuerza Publica, en desarrollo de la política de “Seguridad democrática”, impulsada por el Presidente Uribe desde el 2002.

A lo largo y ancho del país se han cometido cientos de crímenes contra hombres en su mayoría menores de 35 años, pertenecientes a los sectores populares y mas excluidos, lo que nos indica que se trata de una práctica sistemática y generalizada, que se constituye en crímenes de lesa humanidad, cuya responsabilidad recae en el Estado colombiano.

Por todo lo anterior solicitamos energéticamente a la comunidad internacional:

• La condena abierta a las políticas de incentivos, recompensas y presiones para la entrega de resultados militares, integradas en el marco de la “Seguridad Democrática” promovida por el gobierno de Álvaro Uribe Vélez, que tienen como consecuencia la promoción de este tipo de práctica criminal como son las ejecuciones extrajudiciales, para mostrar supuestas victorias militares y avances en la lucha anti-subversiva.

• Se condicione cualquier ayuda y cooperación internacional con Colombia a que el Estado colombiano demuestre, no solo con palabras sino en la realidad, respeto por parte de sus instituciones civiles y militares a los derechos humanos y acatamiento a las normas el Derecho Internacional Humanitario (DIH), entre otras sobre el respeto del derecho al Principio de distinción de la población civil que vive en un contexto de conflicto armado.

• No se firme ningún tipo de acuerdos comerciales ni de cooperación con el Estado Colombiano hasta que se haya demostrado con claridad que los familiares de las victimas de ejecuciones extrajudiciales han podido acceder a sus derechos constitucionales a la verdad, la justicia y la reparación.

Autor: 
MOVICE

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