Projet Accompagnement Solidarité Colombie

Apoyo a los afrodescendientes

16 Septiembre 2009

respuesta a Raùl E. Tamayo Gaviria, en su artículo titulado “Apoyo a los afrodescendientes” de El Colombiano del 5 de septiembre del 2009.

Al Director de El Colombiano
Con copia al defensor del lector Victor Leon Zuluaga Salazar y al Editor de opinión

Objeto : Indignación profunda frente a las afirmaciones infundadas en nuestra contra, hechas por el “columnista” Raùl E. Tamayo Gaviria, en su artículo titulado “Apoyo a los afrodescendientes” de El Colombiano del 5 de septiembre del 2009.

La presente tiene como objetivo manifestarle nuestra profunda indignación frente a lo publicado en su periódico por el columnista Raùl E. Tamayo Gaviria en su artículo del 5 de septiembre pasado. Aunque cada persona tiene derecho a expresar su opinión, las declaraciones del Sr Raùl E. Tamayo Gaviria en nuestra contra carecen completamente de fundamentos. Son acusaciones gratuitas que atentan contra nuestro buen nombre, además de ser absolutamente falsas.

El PASC – Proyecto de Acompañamiento y Solidaridad con Colombia, es una organización canadiense de defensa de los derechos humanos, reconocida y respetada por las demás agencias de cooperación canadiense que obran en Colombia y por la Embaja de Canadá en Bogotá que conoce bien nuestra labor.

El PASC garantiza una presencia internacional en las comunidades afrocolombianas que elaboran propuestas de paz y dignidad para remediar a las situaciones de violación de los derechos humanos. generadas por la dinámica de los desplazamientos forzados, de los cuales el Ejército nacional y las tropas paramilitares son los principales responsables. Estas iniciativas de paz consisten en la creación de Zonas Humanitarias. De acuerdo con el Derecho Internacional Humanitario, estas zonas simbolizan el derecho al Principio de distinción que tienen los civiles que viven en medio de un conflicto armado. El PASC propone entonces, concretar la solidaridad internacional a traves del envío de acompañantes a estas comunidades. La presencia física internacional in situ representa una protección física importante para las comunidades que afirman sus derechos como población civil. Con el fin de garantizar la seguridad tanto de las poblaciones afro colombianas como de las personas que las acompañan, el PASC cuenta con una amplia red de difusión para difundir las acciones urgentes y reaccionar en casos de violación de los derechos humanos.

En ningún momento hacemos injerencia en los procesos de decisión de las comunidades como lo insinúa el Sr Raùl E. Tamayo Gaviria en su columna de opinión y de eso pueden dar fe los legítimos miembros de los Consejos Comunitarios de las Cuencas de Jiguamiando y del Curvarado. A la asamblea del Consejor Mayor del Curavrado del año pasado asistimos en calidad de observadores internacionales, a petición de las autoridades legitimas de las comunidades

Nuestra labor en el Bajo Atrato,Chocó, en colaboración con la Comisión intereclesial Justicia y Paz, consiste en acompañar, para su protección, a las comunidades campesinas afro-colombianas y mestizas que fueron victimas de desplazamiento forzado y de numerosas violaciones de derechos humanos. Estas comunidades fueron desplazadas para despojarlas de su territorio ancestral, sobre sus tierras se ha implantado ilegalmente un proyecto agro-industrial de palma africana auspiciado por el paramilitarismo.
Ademas queremos llamar su atención sobre el hecho que Manuel Moya Lara, quien está firmando la convocatoria para una asamblea en el Curvarado el 12 de octubre del 2009 está procesado judicialmente en el proceso 979348 de la Fiscalía 88 seccional de Medellín por los delitos de fraude procesal y falsedad en documento público, por inducir en error a funcionarios públicos al suplantar a la antigua representante legal del Consejo de Curvaradó María Ligia Chaverra y al firmar documentos para entregar ilegalmente el territorio colectivo del Curvaradó a empresarios de la palma aceitera como Gabriel Jaime Sierra, también investigado por los delitos de concierto para delinquir
agravado, desplazamiento forzado y daño ambiental en el proceso 3856 llevado por el Fiscal 14 de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la Nación.

Es evidente que el Sr Manuel Moya ha sido manipulado y utilizado como una ficha más por el paramiltarismo para adueñarse de los territorios colectivos de las comunidades negras y darse apariencias de legalidad. Ha sido también victima de la manipulacion del General Rito Alejo del Rio, responsable de la Operación Genesis de la Brigada 17 que provocó en 1997 el desplazamiento forzado de miles de afrodescendientes provenientes del Bajo Atrato, caundo aceptó en 20mm dar falsos testimonios ante la Fiscalía y medios de comunicación en favor del General. Al General Rito Alejo del Río le interceptaron una comunicación con el ex-ministro Fernando Londoño en el que estaba buscando una entrevista en la emisora "La Hora de la Verdad" para que hablaran contra Justicia y Paz "los cuatro negritos" (apelación despreciativa y racista que les dió el General en la conversación y no nosotros), de los cuales hacia parte Manuel Moya. Este escandalo fue hecho público en Noticias Uno.

Cada vez es mas evidente que la estratégia de los empresarios paramilitares, con la complicidad de las autoridades, es entregar los territorios a un Consejo mayor "de bolsillo", es decir a un consejo ilegitimo, integrado por personas que trabajan con las estructuras paramilitares y los empresarios de palma, garantizando así la continuación del control del territorio por parte de estas estructuras, bajo la figura del consejo mayor.

Creemos que el Sr Raùl E. Tamayo Gaviria quien hizo públicamente en su articulo estas acusaciones gratuitas y infundadas en nuestra contra, no conoce la situacion de la cual esta hablando ni hizo las investigaciones que el caso requiere para poder abodarlo seriamente. Solicitamos a la direccion de El Colombiano no permitir que se repita este tipo de sitiuacion donde se publica articulos de opinion que carecen del mas minimo rigor periodistico. De igual manera, solicitamos energeticamente al director de El Colombiano publicar integralmente nuestra carta de respuesta, como un derecho legítimo a la replica ante tanta difamación.
En vez de calumniar a las ONGs de derechos humanos que de buena fe acompañan a las victimas del conflicto para su proteccion, el Sr. Raùl E. Tamayo Gaviria debería perguntarse ¿qué hay detras del desplazamiento forzado en el Bajo Atrato? ¿Quiénes son los beneficiarios del proyecto de palma que fue implementado de manera ilegal y sangrienta en los territorios colectivos de las comunidades negras del Curvarado? O porqué Vicente Castaño declaró a la revista Semana que él mismo había llevado a los empresarios de la palma a la región? O en qué van las investigaciones, después de que el ex comandante paramilitar « HH » declaró ante la justicia que varios « ex–paras » conocen a fondo el proyecto de palma en el Bajo Atrato y en particular el Sr Rodrigo Zapata quien, según la declaración, fue, el responsable de legalizar en el Incora los documentos de las tierras para la implementación de los monocultivos de palma en el Jiguamiandó y Curvaradó, tierras que según lo afirma, empezó a adquirir Vicente Castaño en 1996, año en que empezaron las masacres y el deplazamiento forzado masivo en la región.

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PARA PUBLICACION EN EL COLOMBIANO

En la edición del 5 de setiembre del 2009 de El Colombiano aparecen graves acusaciones contra nuestra organización. El PASC es una organización canadiense de defensa de los derechos humanos, reconocida y respetada por las demás agencias de cooperación canadienses que obran en Colombia y por la Embaja de Canadá en Bogotá que conoce bien nuestra labor.

El PASC en colaboración con la Comisión intereclesial Justicia y Paz garantiza una presencia internacional en las comunidades afro colombianas que elaboran propuestas de paz y dignidad para remediar a las situaciones de violación de los derechos humanos generados por la dinámica de los desplazamientos forzados, de los cuales el Ejército nacional y las tropas paramilitares son los principales responsables. Las comunidades que han sido despojadas de su territorio en el 1997 por la Operación Genesis de la Brigada 17 organizada por el General Rito Alejo del Rio, hicieron reconocer su territorio colectivo bajo la ley 70. Las resoluciones 2424 y 2159 de 2007 del Incoder reconocen la titularidad colectiva. A través de procedimientos administrativos la Superintendencia de Notariado y Registro, mediante las resoluciones 3617, 6286, 6525, 6524 y 6523 de 2007, restableció jurídicamente en magnitud de 23.000 hectáreas a la propiedad colectiva, las que habían sido usurpadas por empresas palmicultoras y ganaderas.

En ningún momento el PASC- Canadá hace injerencia en los procesos de decisión de las comunidades como lo insinúa el Sr Raùl E. Tamayo Gaviria en su columna de opinión y de eso pueden dar fe los legítimos miembros de los consejos comunitarios de las Cuencas de Jiguamiando y del Curvarado.

Las denuncias contra las organizaciones que acompañan las comunidades para recuperar sus tierras han sido profesadas por Manuel Moya Lara quien esta procesado judicialmente en el proceso radicado como 979348 en Fiscalía 88 seccional de Medellín por los delitos de fraude procesal y falsedad en documento público, por el delito de inducir a error a funcionarios públicos al suplantar a la antigua representante legal del Consejo de Curvaradó . Es evidente que el Sr Manuel Moya ha sido manipulado y utilizado como una ficha mas por el paramiltarismo para adueñarse de los territorios colectivos de las comunidades negras y darse apariencias de legalidad

Creemos que el Sr Raùl E. Tamayo Gaviria quien hizo públicamente en su articulo estas acusaciones debe retractarse públicamente. Le solicitamos a la direccion de El Colombiano publicar integralmente nuestra carta de respuesta, como un derecho legitimo a la replica ante tanta difamación.

En vez de denunciar a las ONGs de derechos humanos que de buena fe acompañan a las víctimas del conflicto, el Sr. Raùl E. Tamayo Gaviria debería preguntarse ¿que hay detras del desplazamiento forzado en el Bajo Atrato? ¿Quienes son los beneficiarios del proyecto de palma que fue implementado de manera ilegal y sangrienta en los territorios colectivos de las comunidades negras del Curvarado? O porque Vicente Castaño declaro a la revista semana que el mismo habia llevado a los empresarios de la palma a la región? O en que van las investigaciones, despues de que el ex comandante paramilitar « HH » haya declarado ante la justicia en el marco de la ley 975, que varios « ex–paras » conocen a fondo el proyecto de palma en el Bajo Atrato y en particular el Sr Rodrigo Zapata quien fue según su decalaración, el responsable de legalizar en el Incora los documentos de las tierras para la implementación de los monocultivos de palma en el Jiguamiandó y Curvaradó, tierras que según lo afirma, empezo a adquirir Vicente Castaño en el 1996, año en que empezaron las masacres que precedieron al desplazamiento forzado masivo en la región.

Autor: 
PASC

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